LO QUE PUEDE CAERSE. LA CONATEL NO TIENE POTESTAD PARA AUTORIZAR OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE RED GUARANÍ NI DE NINGÚN OTRO CANAL

Eduardo González, Presidente de la CONATEL



Articulo 28º   La Licencia para explotar el servicio de televisión solo podrá ser transferida, con la previa autorización de la CONATEL, y siempre que el servicio haya sido verificado, autorizado y se encuentre en funcionamiento. Toda modificación de la titularidad de las acciones nominativas de las entidades que presten el Servicio requerirá autorización de la CONATEL.

El titular de la licencia no podrá cederla, arrendarla ni otorgar a otros el uso o usufructo de la misma.



El incumplimiento de este artículo acarreará la aplicación del 71 de la Ley de Telecomunicaciones. 

Reglamento del Servicio de Televisión

Entre el miércoles y el jueves fue muy comentada la operación que daría a Grupo Vierci el control de Red Guaraní y diversas fuentes han señalado que se trata de un arrendamiento y no de una venta del canal. Si un operador estuviera comprando Red Guaraní dependería de la CONATEL para hacer efectivo el traspaso de la licencia y el ente dispone de 40 días desde el ingreso de la solicitud para pronunciarse. La autorización de la CONATEL debe ser previa. Red Guaraní se encontraba arrendado a Grupo Obedira bajo la reglamentación antigua (143/98) que permitía este tipo de figura. En la del 2011 eso no es posible. Actualmente la CONATEL podría autorizar una eventual transferencia pero no un arriendo, ni cesión, ni uso, ni usufructo y la potestad del ente aparece claramente separada porque lo que se puede y lo que no se expresa en párrafos diferentes.  


Por otra parte, Canal 13, Telefuturo y Red Guaraní  desistieron de la acción de inconstitucionalidad que habían planteado contra la CONATEL,un día antes de que se divulgara la movida entre Red Guaraní y Grupo Vierci. Cuando Eduardo González, el presidente de la CONATEL fue entrevistado sobre probables irregularidades de administraciones anteriores, expresó en todo momento que respetaría el estado de derecho y que su gestión sería transparente. 
    




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